Dr. José María Simón Castellví
Auditor del Sínodo para la Nueva Evangelización (2012)
Presidente emérito de la FIAMC
En los países desarrollados del siglo XXI, el diseño institucional del Estado social y de derecho ha asumido de manera progresiva la responsabilidad de garantizar los mínimos vitales para la población, autóctona o inmigrante, de escasos recursos. En naciones como España, el sistema de bienestar público está configurado para dar respuesta a las necesidades primarias de las personas a través de una red de servicios sociales, educación para todos, sistemas de salud universales y mecanismos de transferencia económica. Este escenario plantea un debate profundo sobre la reconfiguración y el sentido actual de las organizaciones de caridad, particularmente aquellas de matriz eclesial o confesional. En lugar de duplicar los esfuerzos estructurales que ya corresponden a las autoridades públicas, la iniciativa privada y religiosa encuentra su verdadera ventaja comparativa en la provisión de acompañamiento humano, religioso, afecto, fraternidad y en la cobertura de necesidades materiales muy específicas que quedan fuera del alcance del sistema público. Eso sin olvidar nunca que se es más pobre por no conocer a Jesucristo que por carecer de dinero… ¡Hay una gran confusión respecto a la pobreza!
La suficiencia teórica y práctica del Estado en las necesidades primarias
El argumento central para la reorientación de las caridades se fundamenta en la eficiencia y la cobertura del aparato de las distintas instituciones públicas. Hoy en día, las necesidades más inmediatas de supervivencia como la alimentación, educación, el alojamiento de emergencia y la higiene básica están cubiertas por normativas, presupuestos y personal técnico dependiente de los ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones y el gobierno central. Cuando una organización benéfica invierte sus limitados recursos humanos y económicos en la gestión ordinaria de comedores sociales o albergues de manera independiente, corre el riesgo de generar duplicidades ineficientes. Lo único que lo justificaría sería que estas iniciativas ofrezcan el cariño que los trabajadores públicos no siempre puede dar por la falta de tiempo, por equidad, etc.
En los servicios de emergencias médicas, un símil ilustrativo de esta situación podría ser el siguiente: un colectivo de ciudadanos decide financiar y tripular una ambulancia privada para patrullar las calles de una gran ciudad en busca de accidentados. La iniciativa sería sin duda loable desde un punto de vista altruista. Sin embargo, en términos del sistema general de salud, resultaría profundamente ineficiente. Las autoridades públicas ya disponen de protocolos unificados, centros de coordinación de emergencias y flotas de ambulancias distribuidas estratégicamente para atender estos incidentes de forma óptima y profesional. Intervenir de manera paralela e inconexa en ese ámbito no aporta un valor añadido significativo y puede entorpecer la labor de los profesionales.
Este principio de subsidiariedad invertida se aplica incluso en el fallecimiento, cuando una persona carece por completo de medios económicos o de familiares que puedan hacerse cargo. Los poderes públicos asumen la gestión y el coste de los entierros de beneficencia.
Las grietas del sistema público y la especialización material útil
A pesar de la amplitud del Estado de bienestar, existen parcelas de la realidad material que quedan desatendidas debido a los límites presupuestarios y a una cierta rigidez de la oferta pública. También por cuestiones ideológicas: hay un escasísimo apoyo público a las gestantes con problemas. Lamentablemente, se las conduce muchas veces al aborto provocado. Es en las grietas de la administración donde la iniciativa eclesial caritativa conserva una utilidad material directa y transformadora. La sanidad pública ofrece una cobertura excelente en patologías graves y medicina general, pero presenta limitaciones en tratamientos relacionados con la calidad de vida diaria, la autonomía funcional, la regulación natural de la fertilidad.
La adquisición de audífonos para personas mayores con pérdida auditiva, los tratamientos de odontología compleja y la provisión de dentaduras postizas, así como las correcciones ópticas mediante gafas o lentes especiales, representan costes inasumibles para las familias en situación de exclusión. El sistema público rara vez cubre estos elementos de forma integral, ofreciendo en el mejor de los casos ayudas parciales con largos tiempos de espera. Asimismo, elementos cotidianos pero esenciales para la dignidad como los pañales para adultos o niños con necesidades especiales tienen un límite de dispensación pública que con frecuencia resulta insuficiente para las necesidades reales de los pacientes.
La caridad moderna encuentra aquí un nicho de actuación material legítimo y urgente. Al centrarse en la financiación y distribución de estos recursos específicos, las organizaciones no compiten con el Estado, sino que complementan su acción, devolviendo la funcionalidad y la dignidad a personas que, de otro modo, quedarían aisladas del entorno social por no poder ver, oír, sonreír o mantener su higiene personal de forma adecuada.
La crisis de la soledad y la primacía del acompañamiento inmaterial
Más allá de las carencias materiales específicas, el verdadero desafío de las sociedades desarrolladas contemporáneas no es la falta de calorías, sino la epidemia de la soledad no deseada y el aislamiento social. Los poderes públicos pueden proveer una bandeja de comida o una cama en un albergue a través de un funcionario, pero la estructura burocrática es intrínsecamente incapaz de ofrecer afecto genuino, calor humano, hermandad y un sentido de pertenencia. La atención institucional tiende a ser impersonal por falta de tiempo o para garantizar la equidad, lo que a menudo despoja al individuo de su dimensión relacional y espiritual.
Es en este ámbito inmaterial donde las caridades, especialmente aquellas arraigadas en una visión trascendente del ser humano, tienen su misión más elevada y necesaria. La entrega de cariño y el acompañamiento no son meros complementos de la ayuda material, sino la esencia misma de la acción fraterna. Una persona sin hogar puede tener su nutrición asegurada gracias a una tarjeta monedero de los servicios sociales, pero el vacío existencial, la falta de una conversación significativa y la ausencia de alguien que la llame por su nombre propio perpetúan su exclusión de la comunidad humana.
Las organizaciones voluntarias tienen la flexibilidad y la motivación interna necesarias para sentarse con el sufriente, escuchar su historia de vida y ofrecerle un vínculo de amistad. Este modelo de intervención prioriza el ser sobre el tener, reconociendo que una de las indigencias más profundas de nuestro tiempo es la relacional.
El declive de la vida consagrada sanitaria y la urgencia de su carisma
Históricamente, la presencia de las órdenes religiosas en el ámbito sociosanitario español ha sido un pilar fundamental para la humanización de la asistencia. Las monjas de congregaciones dedicadas al cuidado de los enfermos y ancianos aportaban una dimensión de gratuidad y devoción que iba mucho más allá de las tareas profesionales de enfermería. Sin embargo, el fenómeno de la secularización (el no comprender bien que una cosa es ser enfermera y otra, monja sanitaria) y la crisis de vocaciones han provocado que, poco a poco, las monjas sanitarias vayan desapareciendo de los hospitales y residencias públicas y privadas de occidente.
Esta retirada progresiva deja un vacío que el personal contratado, por muy cualificado y eficiente que sea, no siempre puede llenar por completo debido a las exigencias de tiempo y la naturaleza de sus contratos laborales. La figura del sacerdote, la religiosa o del voluntario eclesial sigue siendo estrictamente necesaria en la actualidad para realizar tareas que no se pueden protocolizar ni retribuir económicamente: velar a los enfermos durante las largas horas de la noche, dar de comer a los impedidos, asegurar que nadie muera en la más absoluta soledad y ofrecer un consuelo que trascienda lo meramente biológico.
Asimismo, la acción caritativa de la Iglesia tiene la responsabilidad particular de atender la dimensión religiosa de los asistidos. El encauzamiento hacia los sacramentos, el ofrecimiento de la unción de los enfermos, la confesión, la eucaristía o la simple oración comunitaria son servicios que forman parte de la salud integral del creyente y que el Estado confesionalmente neutro no promueve por iniciativa propia. La presencia de personal caritativo en el entorno de la enfermedad y la vulnerabilidad garantiza el ejercicio efectivo de la libertad religiosa y el auxilio espiritual en los momentos de crisis existencial. Y se trata de uno de los derechos de los enfermos.
Hacia un nuevo paradigma de la acción caritativa
La evolución de las sociedades obliga a una redefinición de roles para optimizar el bienestar colectivo. Si las autoridades públicas asumen con solvencia las infraestructuras de la supervivencia, las caridades deben liberar sus energías de esas cargas de gestión para concentrarlas en lo que el Estado no puede dar. Esto requiere un cambio de mentalidad tanto en los donantes como en los gestores de las organizaciones benéficas, quienes a menudo evalúan el éxito de su labor en función de las toneladas de alimentos distribuidas o el número de pernoctaciones registradas.
El nuevo paradigma de la caridad debe medirse por criterios de profundidad relacional. Llevar a un anciano al médico, acompañar a una gestante sola a sus revisiones, solicitar un sacerdote para un enfermo grave, financiar un tratamiento dental que devuelva la autoestima a un joven desempleado, comprar un audífono (o simplemente las pilas) que devuelva a una anciana la posibilidad de conversar con sus vecinas, o dedicar tardes enteras a acompañar a un enfermo terminal en el hospital son acciones que transforman la realidad de manera más profunda que la perpetuación de esquemas asistenciales obsoletos.
