Compartimos diferentes perspectivas en torno al proyecto de ley sobre “muerte digna”, que se votará en la cámara de diputados el próximo 5 de agosto.
La legalización de la “inyección letal” no ofrece una verdadera solución a quienes sufren. Fuente: PexelsFacebookTwitterEmailCompartir25/07/2025
En 2005, Theo Boer estaba convencido. El docente neerlandés afirmaba que la eutanasia era un modelo de respeto hacia la autonomía y la dignidad de las personas. De hecho, militó públicamente para su legalización. Pero una década después y tras integrar un comité regional de revisión de la eutanasia que revisó miles de casos, el experto en bioética se alertó ante el crecimiento sostenido de las solicitudes y fundamentalmente los motivos de cada caso.
Theo Boer reconoció estar equivocado y ahora recorre el mundo advirtiendo sobre los riesgos de habilitar este suicidio asistido. “Lo que comenzó como una excepción se volvió una práctica habitual”, repitió en distintas entrevistas, con la convicción de que otras naciones logren comprender que, en realidad, esta ley vulnera los derechos de los más desfavorecidos.
El especialista en ética también visitó nuestro país en 2022, pero sin el efecto esperado. Desde entonces, Uruguay se dirige lentamente hacia la aprobación de la eutanasia, y el próximo 5 de agosto se votará su proyecto de ley en la cámara de diputados. Una iniciativa que aparenta ofrecer más derechos a la ciudadanía, pero que en el fondo no brinda las garantías que promete.
Los riesgos de que sea ley
Existe un sinfín de posibles argumentos en contra del proyecto de eutanasia. Los hay de todos los gustos, pero lo fundamental es que sus aspectos cuestionables no se limitan a un tema de fe. Más allá de la posición de quienes impulsan esta reforma, en realidad no se trata de un tema de “la religiosidad de la persona”, sino de comprender que, lejos de ser un nuevo derecho, sería una ley que no brindará garantías.
Por un lado, tenemos los argumentos jurídicos y legales. Este proyecto de eutanasia establece que cualquier persona mayor de edad, psíquicamente apta, con una enfermedad crónica, incurable o una condición de salud irreversible que le cause sufrimientos considerados insoportables, podrá solicitar una inyección letal. De hecho, para que se autorice, bastará el acuerdo de dos médicos de medicina general, y únicamente en caso de desacuerdo entre ellos se recurrirá a una junta médica que revisará el caso. La notificación oficial al Ministerio de Salud Pública y a los familiares de la persona, se realizará post mortem (es decir, luego de su fallecimiento).
Desde el punto de vista legal, este planteo despertó algunas preocupaciones concretas: ¿cómo garantizar los derechos de los más vulnerables cuando la revisión del procedimiento es posterior a la muerte? La propia redacción del proyecto lo confirma: el informe lo presentará el médico que llevará adelante la eutanasia. Es decir, quien tomará la decisión también validará su propia acción. “El médico es juez y parte”, advierte la Dra. Agustina Da Silveira, integrante del colectivo Prudencia Uruguay, para posteriormente complementar: “Por lo tanto, si hubo un error, será irreparable”.
Tampoco debemos pasar por alto que la constitución de nuestro país establece la importancia del derecho fundamental a la vida, condición que además se encuentra reconocida y protegida a través de distintas disposiciones constitucionales y en el marco de diversos acuerdos internacionales. Por ejemplo, en el artículo 7 de su primer capítulo, la constitución establece que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos”.
«Lo que rechazamos rotundamente es que se provoque la muerte a propósito de una persona. La vida es un don de Dios, del cual somos administradores y no dueños»
Card. Daniel Sturla
Este no es un punto menor. Desde el 8 de agosto de 2023, Uruguay cuenta con una ley de cuidados paliativos que se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos, pero que no se implementó en su totalidad. De hecho, según datos del Ministerio de Salud Pública, solo el 74% de las personas logran acceder a este derecho que busca que las personas atraviesen su enfermedad terminal sin sufrimiento. Por lo tanto, legalizar la eutanasia sin garantizar el acceso a los cuidados paliativos también será una problemática adicional.
“Hoy en día, la medicina cuenta con varios recursos que permiten a los pacientes gestionar el final de su vida de un modo tan digno como cualquier otra etapa. Por supuesto, la idea de todos es que nadie viva sufriendo ni que nadie muera con dolor. En el caso de la eutanasia, el proyecto de ley indica que uno esté sufriendo de forma insoportable, lo que es una forma de presuponer una asistencia insuficiente, porque si se garantizan los cuidados paliativos no hay ningún motivo para que haya un paciente con sufrimiento insoportable”, explica la Dra. da Silveira.
También existirán problemáticas jurídicas con los médicos que deban proceder a la interrupción de la vida del paciente. Según la disposición legal que rige a los integrantes del Colegio Médico del Uruguay, «los profesionales de la medicina deben cuidar la salud de las personas y de la comunidad sin discriminación de clase alguna, respetando integralmente los derechos humanos» (artículo 2), mientras que «es deber del médico, como profesionales de la salud, seguir los siguientes principios y valores fundamentales: respetar la vida, la dignidad, la autonomía y la libertad de cada ser humano y procurar como fin el beneficio de su salud física, psíquica y social” (artículo 3).
En síntesis, los críticos de la ley insisten en que, al abrir esta puerta sin las garantías debidas, el Estado deja de proteger la vida en el momento en que esta se vuelve más frágil. “Se presenta como un derecho individual, pero termina generando una categoría de personas cuyo derecho a la vida se relativiza”, expresa el filósofo Miguel Pastorino, que también integra el colectivo Prudencia Uruguay. “Aunque no se les obligue a morir, se les pone socialmente en ese lugar: el de vidas que valen menos”.
¿La dignidad muere?
Como cristianos, nos es imposible poder visualizar este problema apartados de una mirada de fe. Este debate en torno a la eutanasia trasciende el plano legal y plantea una cuestión de sentido. ¿Qué hacemos como sociedad con el sufrimiento humano? ¿Respondemos acelerando la muerte o acompañamos de una manera digna y evitando el dolor?
El cardenal Daniel Sturla lo dijo con claridad el pasado domingo en su programa radial La alegría del evangelio de Radio Oriental, en el que compartió sus reflexiones para la semana:
“Lo que rechazamos rotundamente es que se provoque la muerte a propósito de una persona, sea cual sea su situación. La vida es un don de Dios, del cual somos administradores y no dueños”. Sin embargo, no se trata solo de una objeción teológica. El arzobispo de Montevideo también señaló las múltiples razones humanas para oponerse a esta legislación. Entre ellas, el riesgo de transformar la medicina —vocación orientada a sanar y cuidar— en una práctica que facilite la muerte en vez de ayudar a quienes sufren.
«Si se garantizan los cuidados paliativos no hay ningún motivo para que haya un paciente con sufrimiento insoportable»
Dra. Agustina da Silveira
En su mensaje, el cardenal marcó una diferencia clave: la Iglesia católica rechaza absolutamente todo ensañamiento terapéutico con el paciente, pero sí promueve los cuidados paliativos y la sedación como forma de aliviar el dolor, incluso en aquellos casos en los que el tratamiento pueda acelerar la muerte como efecto no deseado. Se trata de una diferencia esencial, porque en la sedación paliativa la intención es aliviar el sufrimiento. En la eutanasia, en cambio, el objetivo es directamente provocar la muerte.
“Hoy se instala una mentalidad de descarte”, señaló el Card. Sturla. “Se termina por clasificar ciertas vidas como descartables. Y eso es abrir una canilla de mal”. En la misma línea, contamos con distintos documentos que nos dejó el papa Francisco sobre los peligros de una sociedad que, ante el dolor, responde con la eliminación. La verdadera dignidad, como se explica desde el magisterio, no está en elegir cuándo morir, sino en sabernos acompañar como hermanos hasta su final natural.
El cuidado es la respuesta
Resulta una obviedad señalar que hay distintos argumentos médicos para oponerse al proyecto de ley sobre eutanasia.
“Hoy contamos con herramientas médicas que permiten a los pacientes transitar el final de su vida sin dolor. Nadie debería morir sufriendo”, afirma la Dra. da Silveira, antes de aclarar que existen tres aspectos fundamentales: el derecho a rechazar tratamientos, las voluntades anticipadas y la sedación paliativa (un procedimiento clínico que disminuye la conciencia del paciente para aliviar el dolor por determinados períodos, sin acelerar su muerte).
“Estamos por legalizar la eutanasia sin haber garantizado el alivio. No todos acceden a los cuidados paliativos, y para muchos es imposible elegir vivir cuando padecen un sufrimiento. Es una gran injusticia”, reconoce la médica, mientras que el doctor en filosofía Miguel Pastorino también se refiere a este punto: “Los Cuidados Paliativos no son una alternativa a la eutanasia, sino un derecho que debe ser asegurado con o sin eutanasia. Sin embargo, el proyecto no exige que el paciente pase por Cuidados Paliativos antes (…) No se trata de negar el dolor. Pero si no se acompaña adecuadamente, ¿cómo se asegura que la decisión de morir es libre? Muchas personas piden morir porque no quieren ser una carga, porque se sienten abandonadas. ¿Eso es libertad o es desesperación?”.
Ambos expertos coinciden: el proyecto de ley exige al médico general que asuma un rol para el que no está preparado. Debe ser paliativista, psiquiatra, trabajador social, especialista en la patología y psicólogo. Una expectativa lógicamente irreal. “Así no es como deberíamos tratar este tipo de casos tan difíciles. Lo habitual sería abordarlos a partir de equipos multidisciplinarios y altamente especializados”, comenta da Silveira. Y si bien hay casos excepcionales en los que, aun con alivio, algunos pacientes desean morir, eso no basta para convertir la excepción en norma. “La pregunta no es si ese deseo [de interrumpir la vida] existe, sino si la respuesta social a esa voluntad debe ser institucionalizar la muerte como prestación de salud”, reflexiona Pastorino.
«Estamos por legalizar la eutanasia sin haber garantizado el alivio. No todos acceden a los cuidados paliativos, y para muchos es imposible elegir vivir cuando padecen un sufrimiento»
Dr. Miguel Pastorino
¿Cómo se decide qué pacientes serán derivados hacia tratamientos psiquiátricos de prevención del suicidio y cuáles hacia la eutanasia? Porque, como plantea la Dra. da Silveira, “aclarar que la persona es psíquicamente apta no deja fuera a los pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, dado que quienes tienen trastornos de la esfera mental, cuando se encuentran compensados, sí son psíquicamente aptos. Por tanto, las enfermedades mentales podrían computar como causas de eutanasia, lo cual es muy preocupante en un país con altos índices de suicidio”. Pastorino agrega que “hablar de psíquicamente apta quiere decir que la persona puede consentir lúcidamente, que puede tomar decisiones. Pero además de padecer enfermedades incurables e irreversibles, puede estar atravesando una depresión y sentirse una carga para la familia, por lo cual prefiere morir por la soledad y abandono en el que vive, no por su estado de salud”.
También es una realidad que hay una gran población que tiene “una enfermedad crónica” y convive con ella. ¿La eutanasia —pensada como excepción— se convertirá en frecuente, como ocurrió en Países Bajos? ¿Y el proyecto de ley ofrecerá garantías si su solicitud estará a cargo de un médico de medicina general, que no es paliativista ni especialista en la patología del paciente?
La votación del próximo 5 de agosto puede marcar un antes y un después. La sociedad uruguaya está a punto de legislar sobre el tema más delicado de todos: el derecho a vivir… o a no vivir. Lo urgente, dicen muchos, no es legislar la muerte, sino garantizar una vida digna hasta el final. Una vida cuidada, acompañada, sin dolor ni soledad. Porque, como advirtió Theo Boer, cuando la excepción se convierte en costumbre, ya no hay vuelta atrás.
Mensaje de la CEU acerca del proyecto de ley sobre eutanasia
Comunicado de nuestros obispos
Los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay compartieron en abril una carta para aportar al debate y reflexión pública sobre la eutanasia.
Podés leer su comunicado aquí.
Redacción Entre Todos
Leandro Lía
